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Política de Costas en la Playa de Cabo de Gata

La gestión de la Administración de Costas ha sido noticia en los últimos meses por su actuación en la Playa de Cabo de Gata, que va desde San Miguel de Cabo de Gata a la Fabriquilla. Esta playa, considerada como un gran humedal por el paso de aves migratorias y por su tradición industrial de extracción salinera, está considerada como uno de los rincones con más tradición de la provincia de Almería. Son muchos sus valores naturales e históricos.

La Administración de Costas ha llevado a cabo actuaciones que han sido objeto de polémica, siendo contestadas tanto por los propietarios, como por otras Administraciones locales.

Foto: San Miguel de Cabo de Gata, © MG

En octubre pasado se aprobó de forma definitiva el deslinde de la Playa de Cabo de Gata. Se han incluido dentro de la zona marítima terrestre todos los humedales y salinas, considerados como parte de la playa, por sus dunas y otros valores. El deslinde ha resultado positivo en lo que a conservación se refiere. También se ha establecido una servidumbre de 100 metros, incrementando la protección ante la presión urbanística y actividad agrícola intensiva que se pueda dar en la zona.

Uno de los tramos del deslinde, la zona de La Fabriquilla, ha sido objeto de polémica por parte de los propietarios de esta barriada, ya que todo el núcleo ha quedado incluido dentro de los 100 metros de servidumbre. Esto puede generar conflictos, y tendrán que valorarse el interés general en la protección de la playa y los derechos de propiedad privada. Confiemos en que por una vez las Administraciones sepan resolver este conflicto, indemnizando a los propietarios y optando por la conservación del medio. La actuación de Costas que más polémica ha suscitado ha sido la orden de retirada de todas las casetas de aperos, almacenes y otros usos que se encuentran dentro de la zona marítimo-terrestre. Es conocida la presencia de una gran cantidad de casetas en esta playa. Muchas son usadas para la actividad pesquera tradicional o en relación con la industria de la sal, y otras utilizadas para guardar los cachivaches del fin de semana. La orden administrativa establece que todos los propietarios deben solicitar de nuevo la concesión administrativa de ocupación.

Valoramos de forma positiva que se intente reordenar la gestión y uso de la playa. El problema de las construcciones de este tipo es conocido en todo el litoral almeriense. Se debe garantizar que el proceso sea justo para todas las partes, que se respete una gestión integral de la playa y se garantice a todos los propietarios, que destinaban esas casetas para el uso pesquero o la actividad salinera, que puedan tener unas instalaciones adecuadas para esos usos tradicionales. Creemos acertado que todas las casetas sean reubicadas en zonas autorizadas para ese fin. Éste es el principio de un largo período de negociaciones que se han de llevar a cabo entre todas las partes implicadas, que deben desembocar en una adecuada garantía de conservación y protección de la costa y en un desarrollo sostenible que proteja los usos tradicionales de alto valor etnográfico.

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