A pesar de las ambiciones de la Ley de Costas, nuestro litoral ha sufrido un deterioro irreversible con hoteles ilegales como el Hotel Algarrobico, y urbanizaciones en primera línea de playa, como Playa Macenas. Aunque se hayan producido estos episodios oscuros, que se podría considerar un fracaso en la aplicación de la Ley de Costas, sigo defendiendo que todavía es un instrumento fundamental para garantizar una adecuada conservación y gestión de nuestro litoral.
La reforma de la Ley de Costas cambia totalmente el concepto de dominio público marítimo terrestre llevándonos hacia la senda de la privatización encubierta. La principal medida que contiene este documento es la de ampliar las concesiones en otros 75 años, además de los 30 ya concedidos, y permitir la compra-venta, lo que equivale a tener en propiedad un espacio público prácticamente de por vida. Esto supondría una privatización encubierta de la costa y el sacrificio del Dominio Público Marítimo Terrestre a la especulación urbanística y a los intereses privados.
Entre otras medidas se reduce la protección en la singularidad natural de la costa, al no considerar como dominio público las dunas, formaciones arenosas y aprovechamientos de uso humanos que hayan quedado integrados de forma natural en el litoral. Esto supondrá no poder proteger lugares singulares: Los Bajos de Roquetas, San Juan de Terreros o Ensenada de San Miguel, donde las antiguas explotaciones salineras han quedado integradas de forma natural en nuestras costas. Se introducen otras propuestas como aumentar la "flexibilidad" en las playas urbanas, que no traerán sino nefastas consecuencias para el equilibrio de la franja litoral, así como un efecto negativo sobre los usuarios de las playas. La gestión del litoral no puede ir enfocada por la disyuntiva de si son playas urbanas o naturales, sino que se debe estudiar caso por caso en función de la singularidad de la zona y de las presiones a las que esté sometida.
En relación a los chiringuitos, soy el primero que defiende su singularidad y su aportación al turismo almeriense, pero su ubicación se debe adaptar a las necesidades del uso general de las playas: oferta turística y conservación del medio ambiente.
Todavía me sorprende más que el Gobierno Central aproveche el informe AKOUEN para introducir esta reforma alegando motivos de seguridad jurídica, sin reconocer que el principal problema que ha originado toda esta situación ha sido el urbanismo depredador e insostenible en nuestro litoral en municipios como Roquetas de Mar. El citado informe es contundente con el urbanismo salvaje desarrollado en el Estado español y ninguna administración lo ha tomado en consideración en sus políticas urbanísticas.
Por lo tanto, debemos rechazar este proyecto de Ley de Costas y avanzar en modelos de gestión integral del litoral donde sea compatible la conservación de los valores naturales, aprovechamiento publico del litoral y una promoción económica que oferte un turismo de calidad y con empleo estable.
En definitiva, esta nueva de Ley de Costas es totalmente acientífica (alejada de la realidad empírica), ideológica (rompe con el valor comunitario del litoral) y arbitraria. Enrique Ruiz
Presidente de la Asociación Amigos del Parque |
