Cuál no fue nuestra sorpresa cuando hace unos días la prensa local publica que la Administración está en trámite de adjudicar el proyecto para la regeneración de la playa de La Fabriquilla y que esta regeneración ocupará una superficie inmensa, hasta alcanzar la población de San Miguel de Cabo de Gata (imaginamos que es un error). La noticia continuaba con loas a la Administración por emprender una actuación incesantemente solicitada por los habitantes de La Fabriquilla y anunciada desde 1996.
No parece que sea factible regenerar tal superficie de costa dentro de un Lugar de Interés Comunitario (LIC), ya se alegaron los inconvenientes medioambientales, cuando tal regeneración se proyectó en los planes especiales del litoral. En cualquier caso, la Administración la autorizó en 2003. Esta Asociación, al igual que las restantes, se opondrá a tal proyecto. Si fuéramos mal pensados, diríamos que esa regeneración se hace indispensable para poder abordar el proyecto de urbanización. Como sucede en Macenas, la actuación sobre la playa permitirá ampliar los metros de distancia que se necesitan con la línea del mar, pero, además, en el caso de La Fabriquilla, se evitaría el peligro de inundación. Evidentemente hay que pensar también en los intereses particulares. ¿Qué pasa con los vecinos de La Fabriquilla que ven inundarse sus casas? Nosotros entendemos que todos los que fueran residentes y con propiedad en La Fabriquilla con anterioridad a 1987 (momento a partir del cual cualquier construcción posterior ha de considerarse ilegal) deben ser resarcidos económicamente por la Administración. Para respetar la zona de servidumbre la administración debería expropiar. Hay quien piensa que nadie tiene culpa de que se hayan construido casas tan cerca del mar, porque sería un riesgo equivalente al que cada cual tiene que asumir si se produce un terremoto. En caso de catástrofe, ninguna administración está obligada a indemnizar, salvo que tenga algún tipo de responsabilidad en el agravamiento de las consecuencias de la catástrofe.

En cualquier caso, sería una medida muy poco costosa, sobre todo si se la compara con los millones de euros que requerirá la regeneración, porque, además, ¿cuántas casas y habitantes tenía La Fabriquilla en 1987? ¿dos, cinco? En estos momentos, La Fabriquilla se ha convertido en un pequeño núcleo urbano, hasta con dos alturas, pero casi todo es ilegal. Por tanto, la demolición, que es lo que procede, debe correr a cargo del infractor. Esperemos que las administraciones implicadas hayan actuado con diligencia en el cumplimiento de la ley y estemos a punto de ver La Fabriquilla tal y como era en 1987.
¿O será entonces que la regeneración no tiene nada que ver con esos testimoniales habitantes de La Fabriquilla?

Amigos del Parque