Grupo jurídico de la Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata. 

Almería, 10 de agosto de 2008-08-14

DOSSIER IMPUGNACION PORN:

LEGISLACION A TEMER EN CUENTA:
- LEY DE BIODIVERSIDAD.
- LEY DE SUELO 2007
- LEY DE MONTES  DE 2003
- LEY DE MONTES Y FORESTAL DE ANDALUCIA.
- LEY DE AGUAS.
- REGLAMENTO DE AGUAS
- LEY DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA
- DIRECTIVA DE AGUAS.
CONVENIO INTERNACIONALES DE RESERVA DE LA BIOSFERA
- CONVENIO INTERNACIONAL DEL MEDITERRANEO. CONVENIO DE RAMSAR.
- CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.

RED NATURA 2000:
Tal vez sea el argumento mas importante que  tenemos sobre esto. Hay que tener en cuenta que los núcleos urbanos que se han legalizado con las nuevas normas , es una fragante vulneración de esta normativa comentaría , ya que sobre todo debe de tener una autorización de la comisión europea y se deben de garantizar la preservación de los valores paisajísticos de la zona LIC y zona Zepa. 
Considerando que todo es parte es zona LIC y Zepa, toda la normativa comunitaria es de aplicación directa y por la propia comisión tiene la obligación de intentar investigar como hacer esto.
Teniendo en cuenta que el propio legislador estatal ya se esta dando especial importancia a la preservación de esta zonas , es importante argumentar de forma clara y concisa que el PORN altera o modifica estas zonas y esto puede tener graves prejuicios para las zonas de interés comunitario.
Incluso podría ser un buen argumento para pedir las medidas cautelares , ya que el informe de la comisión europea es preceptivo y se debe proceder  su descatalogación para que puedan ser alterados o modificados y por ello si se continua con la tramitación del PORN, eso podría tener una consecuencias reversibles para el medio natural. Posiblemente podría intentar usar el argumento jurídico que dio el tribunal supremo cuando desestimo las petición de retirar las medidas cautelares en el Algarrobico. 
En la ley del suelo viene reflejado así en su articulo 13.

Artículo 13. Utilización del suelo rural.
1. Los terrenos que se encuentren en el suelo rural se utilizarán de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.
Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social por su contribución a la ordenación y el desarrollo rurales o porque hayan de emplazarse en el medio rural.
2. Están prohibidas las parcelaciones urbanísticas de los terrenos en el suelo rural, salvo los que hayan sido incluidos en el ámbito de una actuación de urbanización en la forma que determine la legislación de ordenación territorial y urbanística.
3. Desde que los terrenos queden incluidos en el ámbito de una actuación de urbanización, únicamente podrán realizarse en ellos:
Con carácter excepcional, usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística o la sectorial. Estos usos y obras deberán cesar y, en todo caso, ser demolidas las obras, sin derecho a indemnización alguna, cuando así lo acuerde la Administración urbanística. La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas condiciones expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedará supeditada a su constancia en el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación hipotecaria.
Obras de urbanización cuando concurran los requisitos para ello exigidos en la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, así como las de construcción o edificación que ésta permita realizar simultáneamente a la urbanización.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice.
Sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada. La alteración deberá someterse a información pública, que en el caso de la Red Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación.
También teniendo en cuenta que la  de Biovidersidad  de 2007 , viene regulado de una forma clara como se debe proceder a la autorización para que se pueda transformar o alterar las zonas de la red natura 2000.
Artículo 45. Medidas de conservación de la Red Natura 2000.
1. Respecto de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves, las Comunidades autónomas fijarán las medidas de conservación ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas, que implicarán:
a) Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable.
b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.
2. Igualmente las administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitat naturales y de los hábitat de las especies, así como las
alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas áreas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente ley.
3. Los órganos competentes deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro o la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 2000.
4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a
una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las Comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo, los órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos solo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.
5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, las Administraciones Públicas competentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean
necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.
La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá declararse para cada supuesto concreto:
a) Mediante una ley.
b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la Administración General del Estado, o del órgano de Gobierno de la Comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá ser motivado y público.
La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de impacto ambiental de proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Dichas medidas se aplicarán en la fase de planificación y ejecución que determine la evaluación ambiental.
Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce correspondiente, a la Comisión Europea.
6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán alegar las siguientes consideraciones:
a) Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.
b) Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente.
c) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la Comisión Europea.
7. La realización o ejecución de cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar negativamente a especies incluidas en los anexos II o IV que hayan sido catalogadas como en peligro de extinción, únicamente se podrá llevar a cabo cuando, en ausencia de otras alternativas,
concurra alguna de las causas citadas en el apartado anterior. La adopción de las correspondientes medidas compensatorias se llevará a cabo conforme a lo previsto en el apartado 5.
8. Desde el momento en que el lugar figure en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria aprobada por la Comisión Europea, éste quedará sometido a lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo.
9. Desde el momento de la declaración de una ZEPA, ésta quedará sometida a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 de este artículo El articulo 48 también ser de importante aplicación. En este articulo mas claro no puede venir , debe de haber una declaración de impacto medioambiental ( en el Porn no viene nada de esto , tampoco parece que sea necesario, posiblemente todos los planes urbanísticos lleven una DIA , algunas son negativas o pueden ser positivas). La administración competente debe de autorizar  y se lo debe de remitir a la comisión europea , no parece que la autorización de la comisión europea este .
Por ello otro argumento importante que le se le podría dar forma para las medidas cautelares.

El articulo 51 de esta ley también regula la relimitación y alteración de los limites de la Red natura 2000

Artículo 51. Alteración de la delimitación de los espacios protegidos.
1. Sólo podrá alterarse la delimitación de espacios naturales protegidos o de la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada.
En el caso de alteraciones en las delimitaciones espacios protegidos Red Natura 2000, los cambios debidos la evolución natural deberán aparecer debidamente
reflejados en los resultados del seguimiento previsto en el artículo 47.
2. Toda alteración de la delimitación de áreas protegidas deberá someterse a información pública, que en e acaso de los espacios protegidos Red Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogacióna la Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación.
3. El cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores no eximirá de las normas adicionales de protección que establezcan las Comunidades autónomas.

 En conclusión , posiblemente este sea nuestro argumento mas importante , teniendo en cuenta que la propia comisión europea según las ultimas noticias remitidas , ha advertido que España debe de desarrollar una mayor vigilancia y preservación en las Zonas LICs y Zepa , siendo Andalucía una de las comunidades autónomas donde mas atrasadas estamos . El contento social es importante para que el juez pueda apreciar un interés general en esto y adoptar las medidas cautelares que podamos darle forma con esto.
Es importante saber argumentar que con este nuevo PORN, se ha procedido a legalizar zonas de suelo , vulnerando el tramite establecido y se han alterado o modificados zonas de la red Natura 2000, sin cumplir con los tramite adecuados.

LEY DE MONTES :
Ley estatal 2003. Preceptos relevantes:
1.- art. 5.1 c) Se consideran monte los cultivos abandonados; las  condiciones y los plazos son a determinar por las CC.AA. Esto hay que  mirar qué hay.
2.- Lo que no se considera monte, yo creo, está descrito con carácter  taxativo en el art. 5.2. Y aquí es de destacar el apartado b) no serán  monte los terrenos que excluyan las CC.AA en su normativa urbanística y  forestal.
3.- El ámbito de aplicación de la ley estatal de montes es superamplio. 
Mirar art. 2.1 en relación con el art. 5.1
4.- Cuando estemos en espacios naturales protegidos se aplica la  normativa específica de estos, pero la de montes en todo lo que no sea  incompatible. Y creo que esto nos da una respuesta positiva: se aplica la  Ley de montes al parque y es posible sumar protecciones. Aunque el PORN zonifique todo el parque, habrá zonas en las que podamos añadir la  protección de la ley de montes. Yo creo que señaladamente las zonas no  urbanas. A todas las demás se aplicará, aunque en las zonas de reserva el PORN sea más restrictivo que la ley de montes. No sucederá así en las  zonas C1 de cultivo de regadío.
La Ley andaluza.
1.- Art. 1. Ámbito: montes o terrenos forestales. Toda la superficie rústica.
2.- Las exclusiones de la calificación de monte también parecen taxativas. apartados a, b y c
3.- Art. 2: terrenos forestales o montes, que es lo mismo, están sometidos a una especial protección
4.- Ámbito de aplicación: a todos los terrenos forestales.
Se explica así, que para el cambio de un tipo de cultivo a otro -secano a regadío- haya que pedir autorización.
5.- Lo he mirado por lo alto y no he encontrado, como en la ley estatal, exclusión de la ley para los espacios protegidos
Habría que determinar si las zonas de Cultivo C! por el paso del tiempo han sido consideradas como zonas de montes , la Comunidad de Andalucía lo debe de determinar .( importante saber cuando para Andalucía una zona de cultivo a pasado a ser zona de monte publico)
Hay que tener cuidado con la ley forestal de Andalucía  que establece en el  Artículo 69. 
1. El cambio de uso de los terrenos forestales para cultivos agrícolas u otros forestales requerirá autorización de la Administración Forestal, con independencia de la titularidad de los terrenos, sin perjuicio de las restantes autorizaciones o licencias requeridas
Por ello la propia consejería de medio ambiente , es la que que tiene competencia en propia forestal, por ello perfectamente ha podido cambiar ese uso de suelo  pero como acto administrativo este debe estar motivado de una expresa y clara, por ello debemos de argumentar que el propio PORN se procede a clasificar estas zonas que puede ser suelo forestal protegido por la ley de montes estatal a zonas de cultivo , en las cuales en el PORN no se da ninguna razón motivada . Incluso remitirnos a la ley de procedimiento administrado 
Artículo 54. Motivación. 
1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:
Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje.
Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en los artículos 72 y 136 de esta Ley.
Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos.
Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
Claramente esto es un acto discrecional por parte de la administración publica ya que es virtud de la dispoción legal, este debe ser motivado de forma sucinta, con esto podemos manejar un buen argumento jurídico para  en cuanto cuestión de forma.

DERECHO A LA INFORMACION PUBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA MEDIO AMBIENTAL:
En la ley 27/2006 de derecho a la información ambiental , que se basa en el convenio de Arthus y en la directiva de información publica en materia medioambiental , lo que quiere determinar y agilizar es el acceso a la información publica , por ello lo que trata el legislador es garantizar que  que la participación sea realmente efectiva.
Por ello se debe de garantizar que se informa de forma adecuada a la información solicitada , con un acto motivado y sobre todo que cuando se aprueba el documento definitivo se debe de tener informa de una forma motivada dichas decisiones y todo lo relativo al procedimiento de participación publica.
La información que da el PORN sobre la participación publica ha sido muy ambigua , no se detalla de forma clara en la memoria todas las alegaciones presentadas y porque agentes ha sido presentadas y bueno ni siquiera se han contestado ni se han argumentado porque no se han tenido en cuenta.
Claramente esto puede suponer una vulneración de este derecho subjetivo establecido tanto por la normativa comunitaria como por la estatal , por ello debemos de tener muy presente como todo esto debemos darle una buena forma a este argumento jurídico.
Los artículos que nos pueden servir de esta ley son

Artículo 3. Derechos en materia de medio ambiente.
Para hacer efectivos el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, todos podrán ejercer los siguientes derechos en sus relaciones con las autoridades públicas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y con lo establecido en el artículo 7 del Código Civil: 
1) En relación con el acceso a la información: 
a) A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello estén obligados a declarar un interés determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede. 
b) A ser informados de los derechos que le otorga la presente ley y a ser asesorados para su correcto ejercicio. 
c) A ser asistidos en su búsqueda de información. 
d) A recibir la información que soliciten en los plazos máximos establecidos en el artículo 10. 
e) A recibir la información ambiental solicitada en la forma o formato elegidos, en los términos previstos en el artículo 11. 
f) A conocer los motivos por los cuales no se les facilita la información, total o parcialmente, y también aquellos por los cuales no se les facilita dicha información en la forma o formato solicitados. 
g) A conocer el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para la recepción de la información solicitada, así como las circunstancias en las que se puede exigir o dispensar el pago. 
2) En relación con la participación pública: 
a) A participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de aquellos planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. 
b) A acceder con antelación suficiente a la información relevante relativa a los referidos planes, programas y disposiciones de carácter general. 
c) A formular alegaciones y observaciones cuando estén aún abiertas todas las opciones y antes de que se adopte la decisión sobre los mencionados planes, programas o disposiciones de carácter general y a que sean tenidas debidamente en cuenta por la Administración Pública correspondiente. 
d) A que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que ha participado y se informe de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión adoptada, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública. 
e) A participar de manera efectiva y real, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable, en los procedimientos administrativos tramitados para el otorgamiento de las autorizaciones reguladas en la legislación sobre prevención y control integrado de la contaminación, para la concesión de los títulos administrativos regulados en la legislación en materia de organismos modificados genéticamente, y para la emisión de las declaraciones de impacto ambiental reguladas en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental, así como en los procesos planificadores previstos en la legislación de aguas y en la legislación sobre evaluación de los efectos de los planes y programas en el medio ambiente

Artículo 5. Obligaciones generales en materia de información ambiental.
1. Las Administraciones públicas deberán realizar las siguientes actuaciones: 
a) Informar al público de manera adecuada sobre los derechos que les otorga la presente Ley, así como de las vías para ejercitar tales derechos. 
b) Facilitar información para su correcto ejercicio, así como consejo y asesoramiento en la medida en que resulte posible. 
c) Elaborar listas de autoridades públicas en atención a la información ambiental que obre en su poder, las cuales se harán públicamente accesibles. A tal efecto, existirá al menos una lista unificada de autoridades públicas por cada Comunidad Autónoma. 
d) Garantizar que su personal asista al público cuando trate de acceder a la información ambiental. 
e) Fomentar el uso de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones para facilitar el acceso a la información. 
f) Garantizar el principio de agilidad en la tramitación y resolución de las solicitudes de información ambiental. 
2. Las autoridades públicas velarán porque, en la medida de sus posibilidades, la información recogida por ellas o la recogida en su nombre esté actualizada y sea precisa y susceptible de comparación. 
3. Las autoridades públicas adoptarán cuantas medidas sean necesarias para hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental y, entre ellas, al menos alguna de las que se señala a continuación: 
a) Designación de unidades responsables de información ambiental. 
b) Creación y mantenimiento de medios de consulta de la información solicitada. 
c) Creación de registros o listas de la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o puntos de información, con indicaciones claras sobre dónde puede encontrarse dicha información. 
CAPÍTULO II. Difusión por las autoridades públicas de la información ambiental
Artículo 6. Obligaciones específicas en materia de difusión de información ambiental.
1. Las autoridades públicas adoptarán las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión de la información ambiental y su puesta a disposición del público de la manera más amplia y sistemática posible. 
2. Las autoridades públicas organizarán y actualizarán la información ambiental relevante para sus funciones que obre en su poder o en el de otra entidad en su nombre con vistas a su difusión activa y sistemática al público, particularmente por medio de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones siempre que pueda disponerse de las mismas. 
3. Las autoridades públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la información ambiental se haga disponible paulatinamente en bases de datos electrónicas de fácil acceso al público a través de redes públicas de telecomunicaciones. 
4. Las obligaciones relativas a la difusión de la información ambiental por medio de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones se entenderán cumplidas creando enlaces con direcciones electrónicas a través de las cuales pueda accederse a dicha información. 
5. La Administración General del Estado deberá mantener actualizado un catálogo de normas y de resoluciones judiciales sobre aspectos claves de la Ley y lo hará públicamente accesible de la manera más amplia y sistemática posible
Artículo 10. Solicitudes de información ambiental.
1. Las solicitudes de información ambiental deberán dirigirse a la autoridad pública competente para resolverlas y se tramitarán de acuerdo con los procedimientos que se establezcan al efecto. 
Se entenderá por autoridad pública competente para resolver una solicitud de información ambiental, aquella en cuyo poder obra la información solicitada, directamente o a través de otros sujetos que la posean en su nombre. 
2. Tales procedimientos deberán respetar, al menos, las garantías que se indican a continuación: 
a) Cuando una solicitud de información ambiental esté formulada de manera imprecisa, la autoridad pública pedirá al solicitante que la concrete y le asistirá para concretar su petición de información lo antes posible y, a más tardar, antes de que expire el plazo establecido en el apartado 2.c).1.º 
b) Cuando la autoridad pública no posea la información requerida remitirá la solicitud a la que la posea y dará cuenta de ello al solicitante. 
Cuando ello no sea posible, deberá informar directamente al solicitante sobre la autoridad pública a la que, según su conocimiento, ha de dirigirse para solicitar dicha información. 
c) La autoridad pública competente para resolver facilitará la información ambiental solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla, teniendo en cuenta el calendario especificado por el solicitante, lo antes posible y, a más tardar, en los plazos que se indican a continuación: 
1.º En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolverla, con carácter general. 
2.º En el plazo de dos meses desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolverla, si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulta imposible cumplir el plazo antes indicado. En este supuesto deberá informarse al solicitante, en el plazo máximo de un mes, de toda ampliación de aquél, así como de las razones que lo justifican. 
En el caso de comunicar una negativa a facilitar la información, la notificación será por escrito o electrónicamente, si la solicitud se ha hecho por escrito o si su autor así lo solicita. La notificación también informará sobre el procedimiento de recurso previsto de conformidad con el artículo 20. 
Artículo 16. Participación del público en la elaboración de determinados planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente.
1. Para promover una participación real y efectiva del público en la elaboración, modificación y revisión de los planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente a los que se refieren los artículos 17 y 18 de esta Ley, las Administraciones Públicas, al establecer o tramitar los procedimientos que resulten de aplicación, velarán porque, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo: 
a) Se informe al público, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los electrónicos, cuando se disponga de ellos, sobre cualesquiera propuestas de planes, programas o disposiciones de carácter general, o, en su caso, de su modificación o de su revisión, y porque la información pertinente sobre dichas propuestas sea inteligible y se ponga a disposición del público, incluida la relativa al derecho a la participación en los procesos decisorios y a la Administración pública competente a la que se pueden presentar comentarios o formular alegaciones. 
b) El público tenga derecho a expresar observaciones y opiniones cuando estén abiertas todas las posibilidades, antes de que se adopten decisiones sobre el plan, programa o disposición de carácter general. 
c) Al adoptar esas decisiones sean debidamente tenidos en cuenta los resultados de la participación pública. 
d) Una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por el público, se informará al público de las decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones en los que se basen dichas decisiones, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública. 
2. Las Administraciones públicas competentes determinarán, con antelación suficiente para que pueda participar de manera efectiva en el proceso, qué miembros del público tienen la condición de persona interesada para participar en los procedimientos a los que se refiere el apartado anterior. Se entenderá que tienen esa condición, en todo caso, las personas físicas o jurídicas a las que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley. 
3. Lo previsto en este artículo no sustituye en ningún caso cualquier otra disposición 
Por ello debe de ser contestada de una forma clara y motivada y tenemos plena capacidad de sujetos de derechos para poder obtener esta información .
También se puede alegar que tampoco se cumple con el articulo 54 de la ley de procedimiento administrativo.
LEY  DE AGUAS Y REGLAMENTO DE AGUAS:
En relación a este argumento , debemos de tener claro que se han incrementado en 2.000 Hectáreas las zonas de cultivo C1, donde se establece y se autoriza la transformación de regadíos de secano a regadío , como hemos señalado anteriormente , no tiene lógica ninguna este tipo de autorización cuando en el propio porn se reconoce el déficit de recursos hídricos, se reconoce la aridez y la alta erosicion de los terrenos y bueno aunque tenemos la desaladota que pueda dar agua , ya sabemos que esa agua tiene un alto coste para el regadío .
Os adjunto los fragmentos del porn , donde se establece un estudio sobre los recursos hídricos del parte natural:
2.2.1.5. Hidrología. 
El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar se caracteriza por presentar escasos recursos hídricos debido a sus características climáticas. Existe, sin embargo, una gran demanda de agua, que ha generado, en algunos casos, procesos de sobreexplotación o de riesgo de sobreexplotación en la mayoría de los acuíferos de la zona. Desde el punto de vista hidrológico el área del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar pertenece a la Cuenca Sur y, dentro de ella, a la subcuenca denominada Costa de Almería-Níjar. 
La región posee un clima árido y seco. Consecuencia del fuerte estiaje al que está sometida, es la inexistencia de cursos de agua permanentes. Los cursos de agua más importantes son el río Alias y la rambla Morales. Existen, además, muchos otros cauces de menor 
importancia, en gran parte ramblas y barrancos de escaso recorrido, distribuidos por todo el Parque Natural. 
Las aguas de estos cauces contribuyen, aunque en escasa entidad, a la recarga de los acuíferos, por su infiltración a través de los aluviales. En otros casos pueden ser, por el contrario zonas de descarga de los mismos, como sucede en el barranco de las Negras o en el río Alías, que en determinados momentos recibe agua del acuífero de la Palmerosa. El aprovechamiento actual de estas aguas es prácticamente nulo ya que suelen aparecer en forma de avenidas arrastrando gran cantidad de sedimentos, lodos, etc., para finalmente desembocar en el mar. Históricamente estas aguas tuvieron un aprovechamiento asociado a un sistema de boqueras y bocas de sangrado de avenidas, que optimizaba su explotación para una agricultura de subsistencia. 
Desde el punto de vista hidrogeológico el área se encuentra en el Sistema Acuífero Níjar-Carboneras y está constituida por las siguientes unidades: 
- La Rambla de La Palmerosa. 
- El Hornillo-Fernán Pérez. 
- La Sierra del Cabo de Gata. 
- La Zona de El Alquián-Cabo de Gata

4.1.3. Estado de los recursos hídricos. 
Los datos aportados por un análisis realizado por el Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE) en 1986 permiten deducir que existe una clara sobreexplotación de recursos en todas las unidades: 
- Unidad Hidrológica de la Rambla de la Palmerosa. Sobreexplotación con extracción de sus exiguas reservas, aunque se desconoce la cuantía precisa dada la ausencia de datos actualizados sobre las explotaciones. 
- Unidad Hidrológica de El Hornillo-Fernán Pérez. Déficit hídrico del orden de 2 Hm3/año con el consiguiente consumo de reservas y descenso de niveles. No son aptas para consumo humano y su uso en agricultura no es muy recomendable, por la alta salinidad. 
- Acuífero de El Alquián-Cabo de Gata. En el área de El Alquián, la escasa y deficiente calidad del agua hace inadecuada la explotación del acuífero para cualquier uso. En el sector del Cabo de Gata la explotación de este acuífero se realiza en las proximidades de El Barranquete, empleando 
el agua en la agricultura. Los niveles piezométricos han sufrido un descenso generalizado durante los últimos años, lo que indica que este acuífero está sobreexplotado, pudiendo estar relacionada la salinidad tan alta registrada en las proximidades de la costa con una intrusión marina. 
- Acuíferos de la Sierra de Cabo de Gata. En esta área los recursos de los acuíferos son escasos, dada la poca superficie que ocupan sus afloramientos. 
En relación con la calidad de las aguas hay que señalar que los acuíferos presentan, en general, una mala calidad del agua como consecuencia del uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura, lavado de materiales salinos, sobreexplotación e intrusión marina. 
Los acuíferos de Cabo de Gata, Fernán Pérez y La Palmerosa se hallan actualmente al amparo del Real Decreto 2618/1986, de 24 de diciembre, de Medidas referentes a acuíferos subterráneos, que prohíbe la realización de nuevas captaciones o la modificación de las ya existentes. 
Aunque por el momento no se ha llevado a la práctica la elaboración del Plan de Ordenación por la Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza previsto para los acuíferos declarados provisionalmente sobreexplotados de acuerdo al artículo 171 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril

4.1.1.2. Recursos hídricos. 
En materia de conservación de los recursos hídricos se considera prioritario: 
1. El mantenimiento de la dinámica fluvial como uno de los factores responsables de la diversidad de hábitats en las riberas y su entorno inmediato, que deben ser inundables para seguir conservando su riqueza ecológica. 
2. La conservación de la vegetación característica de los cursos de agua no permanentes y de los criptohumedales cuando constituya un ecosistema propio. 
3. La regulación de los aprovechamientos y captaciones de aguas para contribuir a alcanzar la adecuada protección ambiental. 
4. La cooperación y coordinación con el Organismo competente en matera de aguas y los ayuntamientos implicados para lograr una adecuada protección de los recursos hídricos y el avance en el proceso de deslinde del dominio público hidráulico. 
5. La rehabilitación de las instalaciones de almacenaje de aguas de escorrentía (aljibes y tanques o cisternas) y extracciones del subsuelo (norias y pozos tradicionales). 
6. Las labores de control de la vegetación para evitar riesgos de inundación, tendrá en cuenta las poblaciones de fauna existente y se realizará de manera que se mini- mice la afección a las mismas

Eso es lo que viene establecido en el PORN, claramente se puede apreciar como ni siquiera hay un plan de recursos hídricos, que ordene el uso del agua, se establece la sobreexplotación, se deja abierta la posibilidad de que se tiene que realizar el plan pero entonces en base a que autorizamos estas zonas de cultivos si ni siquiera tenemos realizado un plan gestor del agua, que de las autorizaciones pertinente y determine que es compatible o no.
Sin duda esto puede ser un buen argumento para otra medida cautelar , ya que si se legalizan todas estas zonas de cultivos sin ningún plan previo, ¿que se tiene que adaptar a las necesidades ficticias de los cultivos o los cultivos se deben de adaptar a las necesidades reales del parque ?
Claramente el primer argumento es el que deja de interpretar el PORN.
Los acuíferos se consideran como dominio público, por  lo tanto la autoridad competente el organismo de cuenca que depende de la agencia andaluza del agua perteneciente a la consejería de medio de ambiente de la Junta de Andalucía.
El articulo 12 define lo que es un acuífero:
Artículo 12 
El dominio público de los acuíferos o formaciones geológicas por las que circulan aguas subterráneas, se entiende sin perjuicio de que el propietario del fundo pueda realizar cualquier obra que no tenga por finalidad la extracción o aprovechamiento del agua, ni perturbe su régimen ni deteriore su calidad, con la salvedad prevista en el apartado 2 del artículo 52
Artículo 21 
Son funciones de los Organismos de cuenca: 
a) La elaboración del Plan Hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión. 
b) La administración y control del dominio público hidráulico. 
c) La administración y control de los aprovechamientos de interés general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma. 
d) El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los fondos propios del Organismo, y las que les sean encomendadas por el Estado. 
e) Las que se deriven de los convenios con Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras Entidades públicas o privadas, o de los suscritos con los particulares

Artículo 38 
1. La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado ecológico del dominio público hidráulico y la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.»
2. La planificación se realizará mediante los Planes Hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional. El ámbito territorial de cada Plan Hidrológico se determinará reglamentariamente. 
3. Los Planes Hidrológicos serán públicos y vinculantes, sin perjuicio de su actualización periódica y revisión justificada, y no crearán por sí solos derechos en favor de particulares o Entidades, por lo que se modificación no dará lugar a indemnización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63. 
4. Los planes hidrológicos se elaborarán en coordinación con las diferentes planificaciones sectoriales que les afecten, tanto respecto a los usos del agua como a los del suelo, y especialmente con lo establecido en la planificación de regadíos y otros usos agrarios.
5. El Gobierno aprobará los Planes Hidrológicos de cuenca en los términos que estime procedentes en función del interés general, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. 
6. Los Planes Hidrológicos de cuenca que hayan sido elaborados o revisados al amparo de lo dispuesto en el artículo 16, serán aprobados si se ajustan a las prescripciones de los artículos 38.1 y 40, no afectan a los recursos de otras cuencas y, en su caso, se acomodan a las determinaciones del Plan Hidrológico Nacional. 
[Nueva redacción de los apartados 1 y 4 conforme a la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas]. 
Claramente los planes hidrológicos establecen el uso de los acuíferos .
El articulo 59 define lo que es un acuífero sobreexplotado por ello , 
Artículo 56 
En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, oído el Organismo de cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión. 
La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación. 
En los objetivos medioambientales , que deben de regir la gestión del uso del agua , claramente te establece que debe de darse un uso sostenible y racional , y por ello debe de haber un equilibrio en la entrada y salida del agua , por ello no es compresible como  se autoriza este tipo de cultivos en zonas donde hay acuíferos sobreexplotados. En este articulo se establece claramente como debe de realizar esta gestión del agua:
Artículo 92 bis. Objetivos medioambientales. 
1. Para conseguir una adecuada protección de las aguas, se deberán alcanzar los siguientes objetivos medioambientales:
Para las aguas superficiales:
a'. Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficiales. 
b'. Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un buen estado de las mismas. 
c'. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 
Para las aguas subterráneas:
a'. Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea.
b'. Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 
c'. Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas

Una disposición transitoria establece lo indicado anteriormente , se debe de limitar el uso del agua en acuífero sobreexplotados , para garantizar su regeneración.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Acuíferos sobreexplotados.
1. En los acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo, se podrán otorgar concesiones de aguas subterráneas que permitan la extracción del recurso sólo en circunstancias de sequía previamente constatadas por la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca y de acuerdo con el Plan de ordenación para la recuperación del acuífero.
2. Los derechos de aprovechamiento del artículo 54.2 y los derechos sobre aguas privadas a que se refiere la disposición transitoria tercera de esta Ley estarán sujetos a las restricciones derivadas del Plan de ordenación para la recuperación del acuífero o las limitaciones que, en su caso, se establezcan en aplicación del artículo 58, en los mismos términos previstos para los concesionarios de aguas, sin derecho a indemnización
En el reglamento de Aguas , se establece lo indicado que desde el organismo de cuenca se debe de establecer un plan rector que determine los usos del agua . En este caso no se ha establecido todavía ningún plan de cuenca , por ello la administración competente debe de establecer este plan , según lo indicado en el propio reglamento de la ley de aguas:
Artículo 90.
1. El Organismo de cuenca, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes.
2. Con carácter temporal, podrá también condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspondiendo al Organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación de su cuantía.
3. Cuando existan caudales reservados o comprendidos en algún plan del Estado que no sean objeto de aprovechamiento inmediato, podrán otorgarse concesiones a precario que no consolidarán derecho alguno ni darán lugar a indemnización si el Organismo de cuenca reduce los caudales o revoca las autorizaciones (Artículo 53 de la L.A.).
4. La adopción de las medidas a que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo se realizará previa deliberación de la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca.
Artículo 91.
1. La asignación de recursos establecidos en los Planes hidrológicos de cuenca determinará los caudales que se adscriben a los aprovechamientos actuales y futuros.
2. Las concesiones existentes deberán ser revisadas cuando lo exija su adecuación a las asignaciones formuladas por los Planes hidrológicos de cuenca.
La revisión de la concesión dará lugar a indemnización cuando, como consecuencia de la misma, se irrogue un daño efectivo al patrimonio del concesionario, en los términos previstos en el artículo 158.
Artículo 92.
1. El Organismo de cuenca, de acuerdo con las previsiones de los planes hidrológicos, deberá reservar para regadíos, pesca, aprovechamientos hidroeléctricos o para cualquier otro servicio del Estado o fin de utilidad pública determinados tramos de corrientes, sectores de acuíferos subterráneos, o la totalidad de algunos de ellos.
2. Los caudales que deban ser reservados se inscribirán en el Registro de aguas a nombre del Organismo de cuenca, siendo título suficiente para ello la inclusión de los recursos citados en las previsiones que para reservas formulen los Planes hidrológicos de cuenca.
En el asiento que a tal efecto se practique deberá especificarse la cuantía de los caudales, el plazo de la reserva y los servicios del Estado o fines de utilidad pública a los que se adscriben aquellos.
3. En su momento las comunidades de usuarios, organismos públicos o particulares, podrán solicitar la concesión de los recursos reservados, que se otorgará por el Organismo de cuenca, previa apertura de un período de información pública.
4. Otorgada la concesión se procederá a la inscripción de la misma en el Registro de aguas a nombre del concesionario, debiendo detraerse el caudal concedido de
SECCIÓN 11. ALUMBRAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
Artículo 171.
1. El Organismo de cuenca competente, oído el Consejo del Agua, podrá declarar que los recursos hidráulicos subterráneos de una zona están sobreexplotados o en riesgo de estarlo, debiendo a la vez imponer una ordenación de todas las extracciones para lograr su explotación más racional y proceder a la correspondiente revisión del Plan Hidrológico. (Artículo 54.1 de la L.A.).
2. Se considerará que un acuífero esta sobreexplotado o en riesgo de estarlo cuando se está poniendo en peligro inmediato la subsistencia de los aprovechamientos existentes en el mismo, como consecuencia de venirse realizando extracciones anuales superiores o muy próximas al volumen medio de los recursos anuales renovables, o que produzcan un deterioro grave de la calidad del agua.
La existencia de riego de sobreexplotación se apreciará también cuando la cuantía de las extracciones, referida a los recursos renovables del acuífero, genere una evolución de éste que ponga en peligro la subsistencia a largo plazo de sus aprovechamientos.
3. El procedimiento de la declaración se iniciará por la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca, de oficio, a instancia de la comunidad de usuarios del acuífero, si lo hubiera, o de usuarios que acrediten estar utilizando legalmente, al menos, la mitad de los volúmenes extraídos anualmente. El Organismo de cuenca elaborará un estudio sobre la situación del acuífero en el que se justifique, en su caso, la procedencia de la declaración; para ello deberá solicitar informe al Instituto Geológico Minero de España. A la vista del estudio y, en su caso, del citado informe, y oído el Consejo del Agua, la Junta de Gobierno resolverá expresa y motivadamente sobre la declaración provisional de acuífero sobreexplotado o en riesgo de estarlo.
4. Dicha declaración provisional señalará el perímetro de la zona afectada y llevará aparejados, dentro de su ámbito, los siguientes efectos:
a. Paralización de todos los expedientes de autorización de investigación o de concesión de aguas subterráneas.
b. Suspensión del derecho de apertura de nuevas captaciones establecido en el artículo 52.2 de la Ley de Aguas. Este tipo de uso queda sometido, durante la vigencia de la situación de sobreexplotación, al régimen de autorización que se haya establecido expresamente para esta en la declaración.
c. Paralización de todos los expedientes en trámite de modificación de características de las concesiones de aguas subterráneas.
d. Constitución forzosa de la comunidad de usuarios del acuífero, si no existiese, por aplicación del artículo 79 de la Ley de Aguas.
5. El Organismo de cuenca, oída la comunidad de usuarios del acuífero, elaborará un plan de ordenación de las extracciones en orden a conseguir la superación de los problemas planteados.
Este plan será sometido a información pública y a dictamen del Consejo del Agua de la cuenca.
6. La Junta de Gobierno del Organismo de cuenca aprobará, en su caso, el plan de ordenación, lo que supondrá la declaración definitiva de sobreexplotación de acuífero. Esta declaración implicará la ejecutividad inmediata del plan.
7. Declarada definitivamente la sobreexplotación o el riesgo de sobreexplotación del acuífero, se procederá a la revisión del Plan Hidrológico de cuenca, si existiera, en lo concerniente a la zona sobreexplotada. Los Planes hidrológicos posteriores a dicha declaración deberán contener indicación expresa sobre su subsistencia o modificación.
8. Para el control adecuado de las extracciones de agua subterránea, la declaración definitiva podrá imponer con carácter general la instalación de aparatos de medida a la salida de las captaciones.
El control de la ejecución del plan corresponderá a una Junta de explotación cuya constitución se acordará en la declaración definitiva. Esta Junta elaborará un informe anual sobre la marcha del plan, con las propuestas de modificación que estime procedentes. La Junta de Gobierno del Organismo de cuenca podrá acordar dichas modificaciones, con el informe de la comunidad de usuarios.
9. Si al término del plazo establecido para la ejecución del plan se hubiesen conseguido los objetivos fijados en el mismo, las ordenanzas de la comunidad se
adaptarán al régimen alcanzado de explotación del acuífero.
En caso contrario, la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca deberá acordar prorrogas bianuales del plan, con las modificaciones que estimara oportunas.
Artículo 172.
1. El Organismo de cuenca podrá determinar perímetros dentro de los cuales no será posible el otorgamiento de nuevas concesiones de aguas subterráneas, a menos que los titulares de las preexistentes estén constituidos en comunidades de usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV del Título IV de la Ley de Aguas. (Artículo 54.2 de la L.A.).
2. La determinación de estos perímetros se efectuará mediante resolución motivada de la Junta de Gobierno del organismo. El expediente se incoará, bien de oficio, bien a instancia de los usuarios que acrediten estar utilizando el 50% del volumen de agua extraído del acuífero que se pretende proteger.
Será preceptiva la audiencia expresa del Consejo del Agua del Organismo de cuenca.
3. Constituida la comunidad de usuarios, el Organismo de cuenca le transferirá la titularidad única de todas las concesiones de aguas subterráneas interiores al perímetro.
Las sucesivas concesiones de aguas subterráneas que pudieran producirse se otorgarán, dentro del perímetro, a nombre de la comunidad de usuarios.
Artículo 173.
1. El Organismo de cuenca podrá determinar perímetros de protección del acuífero en los que será necesaria su autorización para la realización de obras de
infraestructura, extracción de áridos u otras actividades e instalaciones que puedan afectarlo. (Artículo 54.3 de la L.A.).
2. Los perímetros a que se refiere el apartado anterior tendrán por finalidad la protección de captaciones de agua para abastecimiento a poblaciones o de zonas de especial interés ecológico, paisajístico, cultural o económico.
3. La delimitación de los perímetros se efectuará por la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca, previo informe del Consejo de Agua. El procedimiento se iniciará de oficio en las áreas de actuación del Organismo de cuenca, o a solicitud de la autoridad medioambiental, municipal o cualquier otra en que recaigan competencias sobre la materia.
4. Dentro del perímetro establecido, el Organismo de cuenca podrá imponer limitaciones al otorgamiento de nuevas concesiones de aguas y autorizaciones de
vertido, con objeto de reforzar la protección del acuífero. Dichas limitaciones se expresarán en el documento de delimitación del perímetro y se incluirán en el Plan Hidrológico de la cuenca.
5. Asimismo, podrán imponerse condicionamientos en el ámbito del perímetro a ciertas actividades o instalaciones que puedan afectar a la cantidad o a la calidad de las aguas subterráneas. Dichas actividades o instalaciones se relacionarán en el documento de delimitación del perímetro y precisarán para ser autorizadas por el Organismo competente el informe favorable del Organismo de cuenca.
6. Las instalaciones o actividades a que se refiere el apartado anterior serán las siguientes:
a. Obras de infraestructura: minas, canteras, extracción de áridos.
b. Actividades urbanas: fosas sépticas, cementerios, almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos sólidos o aguas residuales.
c. Actividades agrícolas y ganaderas: depósito y distribución de fertilizantes y plaguicidas, riego con aguas residuales y granjas.
d. Actividades industriales: almacenamiento, transporte y tratamiento de hidrocarburos líquidos o gaseosos, productos químicos, farmacéuticos y radiactivos, industrias alimentarías y mataderos.
e. Actividades recreativas: campings, zonas de baños.
7. Los condicionamientos establecidos en los perímetros de protección a que se refiere el artículo 54.3 de la Ley de Aguas y este Reglamento, deberán ser tenidos en cuenta en los diferentes Planes urbanísticos o de ordenación del territorio con los que se relacionen.
Artículo 174.
1. Los titulares de aprovechamientos mineros previstos en la legislación de minas podrán utilizar las aguas que capten con motivo de las explotaciones, dedicándolas a finalidades exclusivamente mineras. A estos efectos, deberán solicitar la correspondiente concesión, tramitada conforme a lo previsto en la Ley de Aguas (artículo 55.1) y en el presente Reglamento.
2. La solicitud se dirigirá al Organismo de cuenca correspondiente, y deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a. Memoria expresiva de la titularidad del derecho minero correspondiente, de las labores mineras realizadas y de todas las circunstancias de la captación de agua.
b. Proyecto de utilización del agua para fines exclusivamente mineros.
3. El procedimiento para el otorgamiento de la concesión será en todo lo demás el previsto para las aguas superficiales en los artículos 104 y siguientes.
Artículo 175.
1. Si existieran aguas sobrantes antes, el titular del aprovechamiento minero las pondrá a disposición del Organismo de cuenca, que determinará el destino de las
mismas o las condiciones en que deba realizarse el desagüe, atendiendo especialmente a su calidad (Artículo 55.2 de la L.A.). A este último fin, será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Minas y en el presente Reglamento.
2. Los gastos inherentes al desagüe de la explotación minera correrán por cuenta del titular de la explotación.
3. El Organismo de cuenca podrá otorgar concesiones de aprovechamiento de las aguas sobrantes de explotaciones mineras que sean puestas a su disposición.
Tales concesiones serán siempre a precario, sin que su titular consolide derecho alguno ni pueda reclamar indemnización en el caso de reducción o modificación de las características de los caudales concedidos derivadas del aprovechamiento minero.
Artículo 176.
1. Cuando las aguas captadas en labores mineras afecten a otras concesiones, se estará a lo dispuesto al efecto en la Ley de Aguas (Artículo 55.3 de la L.A.) y en el presente Reglamento.
2. Lo establecido en el punto anterior no será de aplicación a los concesionarios de aguas otorgadas dentro de cuadrículas mineras preexistentes, los cuales no tendrán derecho a indemnización si sus caudales se ven afectados por el normal desarrollo de las labores mineras. 
Artículo 177.
1. Se entiende por investigación de aguas subterráneas, a efectos del presente Reglamento, al conjunto de operaciones destinadas a determinar su existencia, incluyendo las labores de profundización en el terreno, de alumbramiento y de aforo de los caudales obtenidos.
2. La investigación de aguas subterráneas requiere autorización previa del Organismo de cuenca, excepto para las captaciones sometidas al artículo 52.2 de la Ley de Aguas.
3. No quedarán sometidas al régimen previsto en esta sección 11 las investigaciones de aguas subterráneas que lleve a cabo la Administración como parte integrante de estudios generales sobre acuíferos, sin perjuicio de su notificación previa al Organismo de cuenca.
Artículo 178.
1. Los propietarios de terrenos afectados por las peticiones de investigación de aguas subterráneas gozarán de preferencia para el otorgamiento de la autorización, dentro del mismo orden de prelación al que se refiere el artículo 58 de la Ley de Aguas. (Artículo 65 de la L.A.).
2. No podrán autorizarse peticiones de investigación de aguas subterráneas en los terrenos objeto de concesiones de explotación minera, ni dentro de los perímetros de protección de recursos que establece la legislación de minas, sin conocimiento de su titular o de los organismos interesados y previa estipulación de resarcimiento de daños y perjuicios. En caso de desavenencia, la autoridad minera fijará las condiciones de la indemnización a que hubiera lugar.
Artículo 179.
1. El Organismo de cuenca podrá otorgar autorización para investigación de aguas subterráneas con el fin de determinar la existencia de caudales aprovechables, previo trámite de competencia entre los proyectos de investigación concurrentes que pudieran presentarse. (Artículo 66.1 de la L.A.).
2. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar autorización de investigación de aguas subterráneas. La solicitud deberá dirigirse al Organismo de cuenca correspondiente, indicando los datos relativos a la persona o entidad solicitante y acreditando ostentar la propiedad de los terrenos en que se pretende realizar las labores o, si no fuese así, incluyendo el nombre y domicilio de los propietarios. Dicha solicitud deberá acompañarse de un proyecto de investigación que recoja:
a. Memoria explicativa del objeto a que hayan de ser dedicadas las aguas, zonas a que alcance y términos a que afecten, situación, características y duración prevista de las obras, descripción de las labores necesarias para llevar a cabo las obras proyectadas y el sistema y puntos de evacuación de detritus y caudales.
b. Plano general del terreno o zona de alumbramiento, en el que se señalen los aprovechamientos existentes, las corrientes de agua naturales y artificiales, los manantiales y los pozos, los caminos y minas que existan en toda la extensión de dichas zonas, planos de detalle de las obras y sus circunstancias, diámetros y profundidades, así como cualquier otra dimensión de las obras que se proyecten.
c. Presupuesto aproximado de las obras.
d. Usos y finalidades del aprovechamiento. Si el uso fuera el riego, informe agronómico suscrito por técnico competente sobre conveniencia de la transformación y compromiso de acreditar su condición de titular de los terrenos a que se destinará el agua, o de la conformidad de los titulares que reúnan la mitad de la superficie regable.
e. Régimen de explotación con indicación del caudal máximo instantáneo y volumen anual que se prevé utilizar.
f. Documento acreditativo de haber constituido fianza o aval a disposición del Organismo de cuenca para el caso de que se le otorgue la autorización y con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma. El importe de la fianza o aval será equivalente al 4% del presupuesto de las obras.
3. Recibida la solicitud, el Organismo de cuenca la tramitará por el procedimiento previsto en los artículos 53 y siguientes, con la salvedad de que deberá comunicar individualmente la iniciación del procedimiento al propietario del terreno donde se pretenda la investigación si éste no fuese el solicitante, informándole del derecho de prioridad que le asiste para obtener la autorización.
4. Los titulares de proyectos en competencia que no hubiesen obtenido autorización de investigación, podrán retirar las fianzas constituidas una vez obtenido el correspondiente certificado del Organismo de cuenca.
Artículo 180.
1. El plazo de autorización no podrá exceder de dos años y su otorgamiento llevara implícita la declaración de utilidad pública a efectos de la ocupación temporal de los terrenos necesarios para la realización de las labores. (Artículo 66.2 de la L.A.).
2. El Organismo de cuenca establecerá las condiciones que procedan en las autorizaciones de investigación que otorgue, que, en su caso, se ajustarán a las normas fijadas para cada acuífero o unidad hidrogeológica en el Plan hidrológico de cuenca. En particular, podrá establecer:
a. La duración de la autorización.
b. Caudal máximo instantáneo y volumen anual máximo explotable.
c. Normas técnicas de ejecución, como situación de zonas filtrantes, sellado de acuíferos, aislamientos y aquellas otras que resulten convenientes para la mejor conservación de los acuíferos.
d. Aforos, ensayos y análisis a realizar.
e. Para el caso de que la investigación resultase negativa o no interesase la explotación, las normas para el sellado de la perforación y la restitución del terreno a las condiciones iniciales.
3. Antes de transcurridos los dos meses siguientes a la finalización del plazo de la autorización de investigación, el titular de la misma está obligado a comunicar al Organismo de cuenca los resultados obtenidos, presentando documentación sobre los siguientes extremos:
a. Corte geológico de los terrenos atravesados.
b. Niveles piezométricos encontrados.
c. Características de las obras realizadas en cuanto a profundidades, diámetros, entubación, zonas de filtros y demás características de orden técnico.
d. Aforos, ensayos o análisis, si su realización ha sido fijada preceptivamente en la autorización de investigación.
e. Características de las instalaciones elevadoras y caudales máximos extraíbles, en su caso.
4. Si la investigación fuera favorable, el interesado deberá, en un plazo de seis meses, formalizar la petición de concesión, que se tramitará sin competencia de proyectos. (Artículo 66.3 de la L.A.).
La autorización de investigación concede a su titular el derecho a que, si solicitara concesión de aprovechamiento y no se presumiera la existencia de perjuicios a terceros, se le otorgará en los mismos términos contenidos en aquélla sobre el volumen de aguas extraíble y destino de las mismas.
Artículo 181.
El Organismo de cuenca, por propia iniciativa o en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan hidrológico, podrá convocar concurso para investigación de aguas subterráneas.
La convocatoria se hará pública de acuerdo con el procedimiento general establecido para las concesiones en el presente Reglamento, y en la misma se indicarán las particularidades de las obras a realizar, de los terrenos en que deban desarrollarse las labores, volumen de agua a alumbrar y demás circunstancias que hayan motivado el concurso. De igual modo, contendrá cuantas previsiones disponga el Plan hidrológico, así como el plazo para la presentación de proyectos.
Artículo 182.
Los expedientes que se tramiten para el otorgamiento de autorizaciones de investigación se archivarán por las siguientes causas:
a. Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos y no se subsanaran sus defectos en el plazo concedido para ello.
b. Desistimiento del interesado o incumplimiento de los plazos señalados.
c. Faltas de prestación, por el peticionario, de la fianza o el aval reglamentarios en la cuantía, forma y plazo anteriormente determinados.
d. Aquéllas, distintas de las anteriores, que, previstas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley de Aguas o este Reglamento, determinen la terminación del procedimiento.
La terminación de los expedientes se hará pública del mismo modo que la convocatoria de proyectos de investigación y, además, se notificará individualmente a todos los licitadores en competencia.
Artículo 183.
1. Las autorizaciones de investigación de aguas subterráneas se extinguen:
a. Por renuncia voluntaria y expresa de su titular, aceptada por el Organismo de cuenca.
b. Por falta de comunicación, en los plazos reglamentarios, de los resultados de la investigación.
c. Por incumplimiento de las condiciones impuestas en el otorgamiento de la autorización.
d. Por cualquier otra causa prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley de Aguas o este Reglamento, siempre que lleve aparejada la caducidad.
La declaración de extinción de las autorizaciones de investigación se adoptará por el Organismo de cuenca que deberá, con carácter previo, comunicarlo a su titular concediéndole un plazo de quince días para formular alegaciones. La resolución se hará pública del mismo modo que la convocatoria de proyectos en competencia y, además, se notificará individualmente a quienes los hubieran presentado.
2. El titular de una autorización que se hubiese extinguido, deberá dejar el lugar donde se realizaron los trabajos en las mismas condiciones en que estaba y, en todo caso, en las previstas en el otorgamiento de la autorización. Una vez cumplida esta obligación, el Organismo de cuenca expedirá el oportuno certificado, para que pueda ser retirado el aval o fianza constituido.
Artículo 184.
1. Todo aprovechamiento de aguas subterráneas distinto a los considerados en el artículo 52.2 de la Ley de Aguas, requiere previa concesión administrativa. La concesión deberá ajustarse a las siguientes condiciones:
a. Las que fije, en su caso, el Plan hidrológico de cuenca para cada acuífero o unidad hidrogeológica. Dichas condiciones se referirán al caudal máximo instantáneo, distancias a otros aprovechamientos y corrientes de agua naturales o artificiales, profundidad de la obra y de la colocación de la bomba y demás características técnicas que se consideren en dicho Plan.
b. A falta de definición en el Plan hidrológico, la distancia entre los nuevos pozos y los existentes o manantiales no podrá ser inferior a 100 metros sin el permiso del titular del aprovechamiento preexistente legalizado.
Excepcionalmente, se podrán otorgar concesiones a menor distancia si el interesado acredita la no afección a los aprovechamientos anteriores legalizados. Si, una vez otorgada la concesión en las condiciones señaladas en este párrafo, resultaren afectados los aprovechamientos anteriores, se clausurará el nuevo sin
derecho a indemnización.
c. Para establecer el volumen máximo a otorgar en cada acuífero o unidad hidrogeológica se tendrán en cuenta las disponibilidades estimadas, en su caso, en el Plan hidrológico, así como la evolución de los niveles piezométricos y de la calidad del agua.
d. Cuando en el Plan hidrológico se haya aceptado la sobreexplotación temporal de algún acuífero o unidad hidrogeológica se tendrán en cuenta para la fijación del plazo de la concesión las reglas establecidas para la sobreexplotación.
2. Los expedientes de concesión de aguas subterráneas se tramitarán conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento con carácter general para las concesiones.
3. Los proyectos que se presenten para obtener una concesión de aguas subterráneas tanto por el solicitante como por los que participen en el trámite de
competencia, contendrán análogos documentos a los indicados para las autorizaciones de investigación.
Cuando se trate de una concesión para riesgos será preceptivo, además, acreditar la titularidad de los terrenos a que vaya destinada el agua, o la conformidad de los titulares que reúnan, al menos, la mitad de la superficie regable.
Asimismo, deberá incluirse un programa del desarrollo de la explotación, previsto para alcanzar el volumen anual de agua solicitado.
4. A falta de Plan hidrológico de cuenca, o de definición suficiente en el mismo, la administración concedente considerará, para el otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas, su posible afección a captaciones anteriores legalizadas, debiendo, en todo caso, el titular de la nueva concesión indemnizar los perjuicios que pudieran causarse a los aprovechamientos preexistentes, como consecuencia del acondicionamiento de las obras e instalaciones que sea necesario efectuar para asegurar la disponibilidad de los caudales anteriormente explotados. (Artículo 68 de la L.A.).
5. La indemnización se fijará de común acuerdo entre los titulares interesados, resolviendo en caso de discrepancia el Organismo de cuenca, a la vista de las
valoraciones presentadas por aquéllos.
6. Se entiende por afección, a efectos del presente Reglamento, una disminución del caudal realmente aprovechado o un deterioro de su calidad que lo haga inutilizable para el fin a que se dedicaba, y que sea consecuencia directa y demostrada del nuevo aprovechamiento, pero no la simple variación del nivel del agua en un pozo, o la merma de caudal en una galería o manantial, si el remanente disponible es igual o superior al anteriormente aprovechado.
7. Cuando después de otorgada una concesión se denunciase su afección a aprovechamientos legalizados preexistentes, el Organismo de cuenca verificará la
realidad del hecho denunciado y levantará acta en que se harán constar las características de la prueba y, en su caso, de la afección directa comprobada.
De resultar positiva dicha verificación, y si algunos de los titulares de los aprovechamientos afectados lo hubiese solicitado de forma expresa, se suspenderá temporalmente el nuevo aprovechamiento, hasta tanto se haya resuelto el expediente.
8. El Organismo de cuenca determinará las obras, instalaciones u operaciones que deban efectuarse para tratar de asegurar la disponibilidad de los caudales anteriormente aprovechados, con indicación de las circunstancias de fechas de comienzo, forma y plazo de ejecución, notificándolo a los interesados.
Una vez finalizado el acondicionamiento sufragado por el nuevo concesionario se determinará si la continuidad íntegra de los aprovechamientos preexistentes es posible, manteniéndose el más reciente, en cuyo caso se levantará la suspensión de este último dándose por terminado el expediente y notificándose así a los interesados.
9. Si no fuera posible la subsistencia ni aun con el acondicionamiento de las obras e instalaciones, el titular de la concesión más reciente podrá optar entre la revisión de la misma de modo que no produzca afección o la restitución a los afectados de los caudales mermados en iguales condiciones de volumen y tiempo en que éstos eran obtenidos. Si optara por la devolución de caudales, deberá garantizarla previamente a satisfacción del Organismo de cuenca.
10. Los titulares de autorizaciones de investigación de aguas subterráneas que soliciten del Organismo de cuenca la concesión de aguas subterráneas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley de Aguas y en el presente Reglamento, formularán su petición sin necesidad de acompañar aquellos documentos que ya obren en poder del Organismo de cuenca, bastando la reseña de los mismos.
Si la concesión tuviera que ser denegada, el interesado tendrá derecho a la indemnización del importe justificado de las obras y trabajos realizados desde que obtuvo la autorización de investigación.
Artículo 185.
Cuando el concesionario no sea propietario del terreno en que se realice la captación y el aprovechamiento hubiese sido declarado de utilidad pública, el Organismo de cuenca determinará el lugar de emplazamiento de las instalaciones, con el fin de que sean mínimos los posibles perjuicios, cuya indemnización se fijará con arreglo a la legislación de expropiación forzosa. (Artículo 67 de la L.A.).
Artículo 186.
1. El procedimiento para la tramitación de los expedientes de concesiones de aguas subterráneas de escasa importancia, será, en lo que resulte de aplicación, el fijado en los artículos 130 y siguientes.
Se considerarán concesiones de escasa importancia las que reúnan las características que se fijen, a tal efecto, en los Planes hidrológicos, para cada acuífero o unidad hidrogeológica.
De no existir tales previsiones, el Organismo de cuenca podrá acordar la aplicación del procedimiento simplificado para aquellas solicitudes de concesión de aguas subterráneas que no excedan de los límites establecidos en el artículo 130.
2. Las autorizaciones de investigación y las concesiones de aguas subterráneas con destino a abastecimiento de población, podrán otorgarse por el Organismo de cuenca eliminando el trámite de competencia de proyectos.
Dicho otorgamiento llevará implícita la declaración de utilidad pública y de necesidad de ocupación a efectos de expropiación de aprovechamientos anteriores, no siendo de aplicación en este caso las normas contenidas en el presente Reglamento sobre distancias mínimas y afecciones.
Artículo 187.
Las concesiones de aguas subterráneas deberán indicar:
a. Volumen anual concedido y caudal máximo instantáneo.
b. Uso y destino de las aguas.
c. Profundidad máxima de la obra y profundidad máxima de la instalación de la bomba de elevación.
d. La exigencia de instalar instrumentos adecuados para el control del nivel del agua y de los caudales extraídos de los pozos, cuando se consideren relevantes por su situación hidrogeológica, cuantía de su extracción o a efectos de policía del acuífero.
e. El plazo de la concesión.
f. La fijación de plazos parciales para el desarrollo del programa previsto de explotación, en su caso.
g. Las demás condiciones que se estimen oportunas en atención al tipo de uso de las aguas alumbradas o para protección del acuífero.
h. Aquéllas otras que pudieran resultar pertinentes a tenor de lo dispuesto en el artículo 115 de este Reglamento.
Artículo 188.
1. El titular de una concesión de aguas subterráneas que pretenda su ampliación o modificación, deberá formular solicitud al mismo organismo otorgante, a la que acompañará la descripción de la ampliación o modificación de las obras a realizar, volumen máximo aprovechable y demás circunstancias que alteren la concesión inicial.
El Organismo de cuenca hará pública la documentación presentada en la misma forma que las solicitudes de concesión, indicando si considera aplicable, en atención a las circunstancias, el procedimiento de tramitación ordinario o el correspondiente a concesiones de escasa importancia.
2. En la concesión de nuevos aprovechamientos o modificación de los existentes se considerará como una sola unidad de explotación, a efectos de volúmenes anuales y caudales instantáneos, la constituida por varias captaciones cuyas distancias sean menores que las mínimas fijadas para ese acuífero o unidad hidrogeológica en el Plan hidrológico.

Aunque no es necesario estudiarse con profundidad lo que determine el reglamento , se pueden usar algunos preceptos de este articulado para poder determinar la necesidad de este plan de cuenca que determine las necesidades reales de agua en la zona y su compatibilidad con el uso de cultivos en la zona .
Por  ello es muy interesante poder determinar si podemos solicitar medidas cautelares en este caso , ya que el plan de ordenación de recursos naturales da unos derechos a los propietarios de esos terrenos donde se les autoriza a poder cultivar y realizar usos de agricultura que no se corresponde con las necesidades y la falta de agua en el parte . 
Habría que intentar darle una forma adecuada a este argumento , ya es posible determinar la urgencia de que se paralice la misma , por ello debemos de tener presente esta serie de artículos , el espíritu de la ley y sobre todo el modelo de gestión del agua que se quiere instaurar en Europa
Por ello incluso habría que citar algunos artículos de la directiva de la Aguas , aunque esta ley ha traspuesto muchos artículos de esta a la ley de aguas , no habría que dejar pasar la oportunidad por ello , debemos de esgrimir este asunto al máximo.

PLAN DE ORDENACION DE ANDALUCIA ( POTA)
 En el plan de ordenación del Territorio , como norma que regula y ordena de una forma racional todo el territorio de la Comunidad de Andalucía para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible. 
EN el POTA ( Sección 4) se menciona todo lo referente al sistema hidrológico ,  la directiva de aguas marca toda la gestión de agua., en el plan se establece un plan de acción concreto sobre los acuíferos , ya que son de gran importancia ara el ciclo natural del agua y se deben de establecer mecanismo para la protección de los acuíferos que se consideren sobreexplotados .
El PORN no cumple con esa previsión tampoco , ya que se reconoce el propio déficit hídrico y se incrementa el suelo destinado a cultivos  y eso no es una forma de gestión del agua de forma racional y sostenible.
En el propio Pota se establece también  en el capitulo referente al sistema de patrimonio territorial , se reitera la importancia de cumplir con los convenios internacionales que protegen los valores paisajísticos de la zona . El uso exceso del agua , la autorización de cultivos en zonas no adecuadas , puede perturbar claramente la biodiversidad del parque natural de Cabo de Gata.
Por ello se puede hacer referencia al POTA en algunos argumentos jurídicos para enriquecer la interpretación extensiva de algunas normas sectoriales como la ley de montes , zonas lics o sobreexplotación de acuíferos.

CONVENIOS A TENER EN CUENTA:
Convenio Europeo del Paisaje
Convenio del Mediterráneo ( declara alguna zonas del parque natural , como zonas Ramsar)
Convenio Internacional de Protección de la Biosfera . El parque esta considerado como zona de Reserva para la Biosfera.
Convenio de Humedales
Convenio de Berna.
Todos estos convenios pueden ayudar al igual que el POTA  a realizar una intrepretación extensiva del derecho en algunos argumentos que queremos defender , por ello es bueno mencionar el espíritu de la ley que quiere trasmitir estos convenios.

Realizado por: 
ENRIQUE RUIZ GUERRERO. 
Integrante del grupo jurídico de la Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata.